Actualidad Barcelona, diciembre 21, 2016
Desde FAADA queremos transmitir nuestra preocupación ante el reciente anuncio por parte de la Generalitat de Catalunya de elaborar una nueva ley de caza, que sustituirá a la anterior de 1970, y que reconocerá la "función social" de esta actividad. Y nuestro desconcierto ante la decisión de crear una comisión interdepartamental para controlar y prevenir los daños producidos por la fauna cinegética sin contar con la representación de ninguna entidad ecologista o de protección animal, pero sí con la Federación Catalana de Caza, por ejemplo.
Estos recientes anuncios nos dejan particularmente perplejos sobre todo considerando que desde FAADA hemos mantenido comunicaciones con el Departament de Territori i Sostenibilitat, Área de caza y Pesca continental a lo largo de los últimos meses. Comunicaciones que culminaron en una reunión en las oficinas de la Generalitat durante la cual sus responsables reconocían el fuerte rechazo social que provoca la caza y aseguraban que en 2017 trabajarían la regulación de esta actividad para responder a dicha demanda social.
En su comunicado sobre la creación de esta Comisión, el Gobierno afirma que las poblaciones de animales acceden a zonas urbanas o periurbanas y producen accidentes de tráfico, sin mencionar que los cazadores provocan parte de estas migraciones. Según el estudio que mencionan, realizado entre 2007 y 2011, estos accidentes aumentaron un 41% y fueron protagonizados en un 85% por jabalíes. En el estudio no especifican si la época de las colisiones coincidía con la temporada de caza o no.
Según ellos mismos declaran que, en el período que va de 2003 a 2015, se han autorizado casi 25.000 operaciones de captura excepcionales por daños a la agricultura, de las cuales la mitad fueron atribuidas a los jabalíes como especie responsable, y también se han hecho nuevas y más contundentes batidas, y a pesar de todo, como el propio Gobierno ha admitido “la densidad de jabalíes se ha multiplicado por siete en el conjunto de Catalunya en las últimas dos décadas.” Lo que evidencia claramente que la caza no es la solución para reducir esta población de animales.
Pero las cuestiones que rodean el mundo de la caza no se limitan sólo a estas cifras y a esta información sesgada. Y los hechos son muy preocupantes:
No podemos olvidarnos tampoco de los “daños colaterales” consecuencia de esta actividad:
En el comunicado de prensa, se prevé, además de la tramitación de la nueva ley de caza, la elaboración de un Decreto de comercialización de carne de caza, “para garantizar la seguridad y fomentar una actividad económica ligada a la gastronomía y el territorio”.
¿Cómo se formalizará la venta de esta carne de caza? ¿Los cazadores deberán estar dados de alta en el régimen de autónomos o se ofrecerán las piezas a empresas para que comercialicen un animal que no debería pertenecer a nadie? ¿Qué impuestos deberán pagar? Es posible que esta se convierta en otra partida más que añadir al dinero negro que mueve esta actividad.
La Generalitat pretende clasificarlo como “función social” cuando está claro que esta actividad, hasta ahora teóricamente “de ocio” pasará a ser además “lucrativa” de forma legal.
En definitiva, Cataluña no puede alardear de ser muy diferente al resto del Estado Español en cuanto a protección animal. Y creemos que en lugar de potenciar y justificar una actividad moralmente cuestionable, la Generalitat debería estar trabajando en la aplicación de métodos alternativos que respeten realmente la fauna y el ecosistema y además sean eficaces para el control de poblaciones.
En respuesta a esta comunicación de la Generalitat.