Las estadísticas oficiales confirman que la caza mata unos 25 millones de animales cada año en España. A esta cifra hay que sumar la pérdida de biodiversidad por los “daños colaterales” de esta actividad: la caza furtiva; las sueltas o repoblaciones de algunas especies (autorizadas por la administración), la introducción de especies exóticas, que acaban siendo invasoras y eliminan a las especies autóctonas; la construcción de vallados y otras estructuras que provocan desequilibrios en las poblaciones de algunas especies y en el ecosistema que habitan, la contaminación de los ríos por los restos de plomo que se esparcen por todo el territorio natural del estado y un largo etcétera. La actividad cinegética deja numerosas víctimas a su paso.
Hay que destacar también que la caza ha provocado y provoca la muerte de otras especies emblemáticas e incluso protegidas, como el oso pardo, el lince ibérico, o el lobo: bien porque son eliminadas directamente (en algunos casos totalmente, como ha ocurrido con el lobo en Andalucía) al considerarlas el cazador un depredador de competencia, o bien porque ven muy reducidos los recursos, y por tanto, sus posibilidades de alimentarse y sobrevivir.
Se puede cazar aproximadamente en el 80% del territorio español y en el 97% del territorio catalán.
También el territorio se ve enormemente afectado por la actividad cinegética, ya que incluso en los espacios naturales en teoría más protegidos, como son los parques nacionales, y en los que esta actividad ha sido prohibida, la caza se sigue practicando, ya que existe una moratoria hasta el año 2020 que por el momento la ampara.
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