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Dos millones de perros y gatos no llevan el chip de control obligatorio

Dos millones de perros y gatos no llevan el chip de control obligatorio

Lugar: Cataluña
Fecha: 7 de noviembre 2011

Ni la Generalitat, ni los ayuntamientos, ni los veterinarios, ni las protectoras de animales son capaces de decir, ahora mismo, cuántos animales de compañía viven en los hogares catalanes. Los cálculos aproximados indican que la cifra ronda los 3 millones de perros y gatos. Los datos existentes sobre identificación de mascotas, una obligación que Govern y propietarios tendrían que estar cumpliendo desde 1994, indican que solo el 30% -como mucho- de los perros, gatos y hurones que deberían de disponer de un chip de identidad lo tienen colocado. Unos dos millones de ejemplares seguirían, pues, fuera de control.
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El registro general de animales de compañía de Catalunya no cumple con las funciones de censo. La propia Generalitat cree que únicamente dos de cada 100 ejemplares están debidamente inscritos. La que en 1988 nació como una ley pionera de protección de los animales -revisada, ampliada y reformada en 1994, en 1998, en el 2003 y aún en el 2008- sigue sin desplegarse en su totalidad.

«Somos una de las autonomías con más animales de compañía. Muchas familias tienen al menos uno en casa, pero, ahora mismo, nadie puede obligarles a colocarles el chip identificador», lamenta Francesc Monné, presidente del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya. «No somos policías, nosotros solo podemos recomendar la implantación», admite Maria Pifarré, jefa de la unidad técnica de la entidad colegial en Barcelona.

ACABAR CON LOS ABANDONOS / Por eso, porque ya va siendo hora de saber cuál es la población canina y gatuna, «porque esa información es también fundamental para el control de enfermedades transmisibles al ser humano», advierte Monné, y, sobre todo, porque hay que atajar de una vez por todas el número de abandonos de mascotas, la Generalitat pone en marcha hoy un nuevo registro, bautizado como Anicom, con el que espera regularizar la situación.

«El objetivo es que detrás de cada animal, de cada perro y de cada gato, haya un propietario identificado y registrado», explica Josep Escorihuela, director general de Medi Natural. «Se trata -agrega- de una herramienta que reunirá en una única base de datos los censos de animales de los ayuntamientos y a la que esperamos poder incorporar, en los próximos meses, la información del consejo de colegios de veterinarios».

Esta información a la que alude Escorihuela es la del AIAC (Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia), un censo que el colectivo profesional elabora desde 1983 y en el que cada facultativo va incluyendo a los animales a los que implanta un dispositivo electrónico subcutáneo (el chip). El archivo, que los veterinarios reivindican como privado - «con información sujeta a la ley de protección de datos», recuerda Pifarré-, «está ya a punto llegar a los 900.000 animales inscritos», indica Monné.

Frente a este casi millón de animales inscritos y, por lo tanto, controlados por los veterinarios, el registro con que ha trabajado hasta ahora la Generalitat solo contiene 43.971 inscripciones, informa la Conselleria d'Agricultura. Únicamente 188 de los 946 ayuntamientos existentes en Catalunya habían cumplimentado la aplicación, que muchas veces presentaba problemas informáticos.

DURACIÓN DEL PROCESO / ¿Se verán los propietarios de mascotas afectados por las modificaciones que quieren introducirse en los censos y bancos de datos? «Los dueños de animales debidamente identificados no tienen de qué preocuparse: cuando el AIAC se conecte al registro de la Generalitat, su perro o su gato quedará automáticamente registrado», detalla el director general. El problema va a seguir existiendo con los ejemplares que aún circulan sin chip. «Sus amos van a tener que tomar conciencia y, poco a poco, y si hace falta con la imposición de multas, tendrán que colocar el dispositivo», dice Escorihuela. «Será un proceso lento, que puede durar cinco, seis o siete años, ya veremos», admite.

Para ello, la Generalitat, consciente del riesgo de que una primera reacción pueda ser la de abandonar el animal, pondrá en marcha campañas de concienciación. También pide a los ayuntamientos que, además de poner al día sus registros de animales de compañía, den instrucciones a las policías locales para que ayuden a localizar a las mascotas todavía sin identificar.

«Mientras poner el chip siga siendo monopolio del Col·legi de Veterinaris y este marque los precios, será muy difícil que se solucione el problema», asegura contundente Alba Jornet, técnica de gestión de animales de compañía y responsable de la materia en la Fundación para la Adopción, Apadrinamiento y defensa de los Animales (Faada), una de las principales asociaciones animalistas catalanas. Los defensores de los animales llevan años denunciando que Catalunya es la única comunidad autónoma española en la que el censo de los animales con chip, propiedad del Consell de Col·legis de Veterinaris, es privado.
zoom Abandonados 8 Dos ejemplares recluidos en la perrera municipal de Barcelona.

El origen de esta «anomalía», se defienden los veterinarios, se remonta 28 años atrás, antes incluso de que la Generalitat obligara a identificar a las mascotas. «Fue una iniciativa particular de los colegios profesionales, adoptada por razones de control sanitario. Si ahora el registro ya dispone de casi 900.000 ejemplares es porque durante todo este tiempo cada veterinario ha ido actualizándolo», esgrime Francesc Monné, presidente del consejo. El censo da derecho a sus usuarios a disfrutar de «un servicio permanente, de 24 horas», de búsqueda de animales perdidos.

Con todo, este monopolio hace que identificar a un perro en Catalunya -algo a lo que obliga la ley- pueda costar más de 50 euros, un trámite por el que en Madrid se pagan 14 euros y que en Ceuta es gratuito. «La ley obliga a poner un chip, pero en una clínica privada, ya que la propia Generalitat no ofrece el servicio», señala Yolanda Valbuena, directora del área jurídica de la Fundación Altarriba. La jurista insiste en que, por ley, los veterinarios están obligados a brindar a la Generalitat la información de cada animal al que implantan un chip, algo que no sucede. Los veterinarios se amparan en la ley de protección de datos, pero, según Valbuena, la propia Agencia de Protección de Datos ha respondido a la Fundación Altarriba que es posible la cesión de datos personales sin consentimiento del afectado, cuando la cesión esté autorizada en una ley.

Dudosa utilidad

«Si los veterinarios no abren su archivo a la Generalitat, el nuevo sistema para censar a los animales no tendrá prácticamente ninguna utilidad», insiste Jornet, quien no confía demasiado en que las negociaciones entre Administración y veterinarios para cerrar este traspaso lleguen a buen puerto. «El 80% de los ingresos del Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya proviene de la implantación de chips. Es muy difícil que renuncien a ese monopolio», indican las animalistas.

Los veterinarios, que están desde hace meses en negociaciones con el Govern, reivindican «llevar la gestión del censo». «La experiencia que tenemos hasta ahora nos avala», insiste Monné.

«Identificar a los animales es obligatorio desde hace 17 años y solo el 30% lo está. Es evidente que la dejadez por parte de la Administración ha sido absoluta», concluye Valbuena

EDITORIAL

Una sociedad civilizada se distingue entre otros detalles por el trato que dispensa a los animales. En este sentido, Catalunya se ha presentado en muchas ocasiones como un país avanzado, tanto por la intensa actividad de las asociaciones en su defensa como por una legislación que intenta evitar el mal trato y persigue una mayor dignidad de los seres vivos. Siguiendo esa línea, las normas referentes a la protección de animales, desde la pionera ley de 1988 hasta las últimas ampliaciones, incluso la prohibición de las corridas de toros, nos hablan de una sensibilidad especial.

Las leyes, sin embargo, a menudo chocan con la realidad, y más si se demuestra su poca capacidad coercitiva o la dificultad con que se encuentran al hacerse efectivas. Tanto las cifras del registro general de animales de compañía, implantado hace ocho años, como las que se derivan de la obligación de identificar a las mascotas a través de la implantación de chips, nos demuestran que el conocimiento que la Administración tiene de la población de perros y gatos (la más numerosa, obviamente) alcanza un nivel bajísimo, escandalosamente inferior al que pretendía la ley.

El control es básico en este universo. Por muchas razones, entre las que destacan la necesidad de asumir una responsabilidad cívica, el hecho de evitar enfermedades o la propagación de las mismas, y también la presión que se ejerce sobre el ciudadano propietario de animales para que no los abandone impunemente.

El problema que se plantea en estos momentos es aunar los intereses particulares con los colectivos. Conviene una mayor diligencia en las prácticas cotidianas de los ayuntamientos, que están en primera línea en el intento de velar porque la ley se cumpla, y conviene un trasvase efectivo de datos entre la conselleria y los veterinarios para que el hasta ahora secretista AIAC (Arxiu d'Identificació d'Animals de Companyia), en la práctica un monopolio profesional, se incorpore sin dilación al nuevo registro Anicom.

El bien social debe estar por encima de los intereses gremiales, con la finalidad de poder controlar un mundo - el de este tipo de animales - que, hoy por hoy, vive en una especie de limbo, el universo disperso de las mascotas.

 

 

Enlace: http://www.elperiodico.com/es/noticias/sociedad/dos-millones-perros-gatos-llevan-chip-control-obligatorio-1210782

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