La CIPAC demandará a la Generalitat por incumplimiento sistemático de la Ley

Las 101 entidades proteccionistas que configuran la CIPAC (Comisión Interlocutora de Protectoras de Animales de Cataluña) tomarán medidas legales por el incumplimiento sistemático por parte de los departamentos jurídicos de la Generalitat, de la Ley de Procedimiento Administrativo en la tramitación de expedientes administrativos sancionadores por infracción de la Ley de Protección Animal.

Tanto la CIPAC como las entidades adheridas de forma individual llevan años denunciando, ante la Administración, actuaciones que conllevan graves infracciones de la Ley de Protección Animal: perros atados las 24 horas del día, viviendo de forma habitual en balcones y patios -además de 40 °C sin sombra ni agua, con temperaturas bajo cero-; animales enfermos que mueren lentamente sin recibir el tratamiento veterinario que les corresponde; caballos famélicos abandonados a su suerte en un cerrado; animales de compañía sin identificar, centros ilegales, transacciones ilegales, instalaciones ilegales que acogen decenas de perros para criar, vender o cazar, etc.

Aunque la mayoría de denuncias se acompañan de Actas de agentes de la autoridad (Agentes Rurales, Seprona y Mossos) que demuestran las infracciones -y teniendo las entidades de protección denunciantes el título de "colaboradoras de la Generalitat"- y después de todo el esfuerzo para aglutinar pruebas por parte de protectoras, testigos y agentes de la autoridad, vemos impotentes como este esfuerzo queda en nada cuando llega a manos de los departamentos jurídicos de los servicios territoriales de la Generalitat. Los expedientes directamente no se tramitan, mueren por caducidad (paso del tiempo sin hacer nada), no se resuelven las alegaciones, o no se tramitan las pruebas solicitadas. Si finalmente conseguimos una sanción, casi siempre es mínima, a pesar de ser infractores reincidentes. Esta desidia e inacción de la Administración es habitual y continuada en el tiempo. Ha sido denunciada por las protectoras a la misma Generalidad y al Síndic de Greuges durante años, sin que haya cambiado nada.

Denunciamos que esta inactividad provoca grandes gastos para la gestión de los más de 40.000 animales abandonados al año en Cataluña. No entendemos como nuestros representantes políticos no hacen nada a pesar del contexto de crisis en que vivimos. La actuación de la Administración no es ética, no es moral, pero sobre todo exhibe un incumplimiento sistemático de la Ley de Protección Animal y de la Ley de Procedimiento Administrativo. Ante esta situación, las entidades de protección animal hemos decidido poner los hechos en manos de los juzgados de lo Contencioso Administrativo, y lo hacemos con la tranquilidad de haber intentado todas las vías posibles durante años. Ahora que decidan los jueces, nosotros tenemos que seguir recogiendo, acogiendo y atendiendo a los 40.000 animales abandonados.