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Varias entidades llevan a la Generalitat ante la fiscalía

Nuestra acción Barcelona, mayo 18, 2010

Varias entidades llevan a la Generalitat ante la fiscalía
La Comisión Interlocutora de Protectoras de Cataluña, de la que forma parte FAADA, lleva a la Generalitat de Catalunya a la fisaclía por autorizar más de 3.000 licencias de caza de aves con pegamento, práctica prohibida por la Unión Europea.

Las denúncias de las protectoras de animales llevan a la Directora General del departamento de Medio Ambiente de la Generalitat de Catalunya a la fiscalía por autorizar más de 3.000 licencias de caza de aves con pegamento, práctica prohibida por la Unión Europea.

El fiscal coordinador de Medio Ambiente de Catalunya, José Joaquín Pérez de Gregorio, ha abierto una investigación por un presunto delito de prevaricación por una resolución firmada en julio del 2009 por la directora general de Medi Natural de la Generalitat, Núria Buenaventura, que autorizaba en toda Catalunya la captura «excepcional» en vivo de pájaros para «estudio experimental» utilizando un pegamento (vesc en catalán) que se aplica en los árboles. Esta práctica está considerada ilegal y, a pesar de ello, se otorgaron un total de 3.374 licencias.


Este método cinegético está prohibido a nivel general en los países de la Unión Europea y su uso ha sido castigado por los tribunales de justicia. El vesc solo está permitido excepcionalmente y bajo autorización para, por ejemplo, el control justificado por parte de las administraciones públicas de determinadas especies de vertebrados, entre ellos las aves fringílidas. La ley española y la normativa catalana han recogido esta prohibición y la autorización en supuestos especiales.
La resolución dictada por la Generalitat permitía la captura excepcional de ejemplares macho de cuatro especies (jilguero, verderón, pinzón y pardillo) con un máximo de ejemplares por día y temporada, limitada en 30 días por persona y del 1 de agosto al 31 de diciembre del 2009.

EVALUAR EL SISTEMA

La directora general de Medi Natural, Núria Buenaventura, aseguró ayer que la autorización era para hacer un estudio para saber si el sistema era o no selectivo «y se ha demostrado que no lo es –afirmó–. Por lo tanto, seguirá prohibido». Sin embargo, en opinión de la fiscalía, esta resolución «constituye una flagrante y grosera vulneración» de la normativa comunitaria, estatal y autonómica, pues pretende dar «apariencia de cobertura legal a lo que no son sino subsiguientes e ilegales autorizaciones administrativas para el uso y empleo ilícito» del método denominado vesc.


La fiscalía va más allá e incide en que, por ahora, no ha quedado acreditado que realmente la finalidad de la resolución fuera un estudio experimental. También considera que el número de autorizaciones otorgadas, 3.374, es «notoriamente» excesivo si no «desorbitado», para realizar un estudio científico experimental. El fiscal ha ordenado al Seprona (Guardia Civil) que investigue y ha pedido documentación al Departament de Medi Ambient.
 

Enlace: http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idnoticia_PK=713557&idseccio_PK=1021&h=