Actualidad Barcelona, febrero 2, 2009
Dos expedientes de la UE ponen a la Generalitat contra las cuerdas. España corre un serio riesgo de sufrir una sanción millonaria del Tribunal de las Comunidades de Luxemburgo a causa del reiterado incumplimiento por parte de la Generalitat de dos sentencias de este tribunal que le obligan a adecuar sus políticas a la legislación ambiental europea. La Comisión Europea ha enviado a España un nuevo ultimátum para proteger las aves: en este caso, una carta de emplazamiento - cuyo plazo de respuesta expira mañana, día 1 de febrero-,en la que reclama que se den garantías para la protección de las aves esteparias afectadas por el canal Segarra-Garrigues, que transformará radicalmente los hábitats de estas especies. El Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino es partidario de que la Generalitat amplíe las zonas protegidas para las aves para evitar que los expedientes concluyan con una sanción. "La multa sería impuesta al reino de España, pero la responsabilidad corresponde a la Generalitat", señalan fuentes oficiales.
La insuficiente iniciativa del Gobierno catalán para frenar estos litigios comunitarios ha llegado a exasperar en sectores del Ministerio de Medio Ambiente, que temen las repercusiones de los incumplimientos de las dos sentencias en que está implicada la Generalitat. La primera condena del Tribunal de Luxemburgo se produjo por una insuficiente designación de las zonas de especial protección para las aves - el 28 de junio del 2007-mientras que la segunda se debió a la falta de garantías de protección de las aves esteparias de Lleida (derivadas del proyecto canal Segarra-Garrigues), dictado el 18 de diciembre del 2007.
Como la Generalitat no ha tomado medidas, la Comisión ha abierto expedientes para reclamar la ejecución de las sentencias, lo que puede dar lugar a las temidas sanciones. "No sabemos la cantidad, pero serían de millones de euros", agregan las fuentes oficiales.
Con relación al incumplimiento de la primera sentencia, el día 8 de mayo la Comisión envió una carta de emplazamiento a España en la exige una ampliación de las zonas de especial protección para las aves en Catalunya. La respuesta dada (en septiembre pasado) ha sido juzgada insatisfactoria por la Comisión, y eso puede dar lugar a un dictamen motivado contra España, que sería la antesala (si no se remedia) del banquillo de los acusados del Tribunal de Luxemburgo.
Sin embargo, el expediente por el segundo incumplimiento es el que más preocupa al Gobierno, pues está vinculado al proyecto del canal Segarra-Garrigues en Lleida. El 1 de diciembre del 2008, el Gobierno recibió una carta de emplazamiento de la UE, en la que reclamaba más garantías para proteger las aves esteparias en Lleida, y antes de este domingo (1 de febrero) se tenía que informar sobre los impactos y las medidas correctoras necesarias para compatibilizar el proyecto con la protección de las aves. La falta de una contestación durante semanas exasperó a la Administración central, que veía las orejas a lobo. Ayer, un portavoz del Govern catalán contestó a última hora que ya ha enviado las "observaciones" (que debe tramitar el Ministerio de Asuntos Exteriores).
Mientras tanto, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino sostiene que la Generalitat debería ampliar las zonas de especial protección de las aves, y que ésta es la única manera de dar carpetazo a los expedientes abiertos. Es decir, si se amplían las zonas de especial protección para las aves, el litigio del Segarra-Garrigues entraría en vías de solución y su horizonte se vería despejado.
Sin embargo, a la Generalitat no le resultaría fácil ampliar las reservas protegidas, teniendo en cuenta que la designación de estas áreas, acordada en el 2006, ya resultó enormemente traumático, y fue objeto de fuertes discrepancias entre los departamentos de Agricultura y de Medi Ambient de la Generalitat. De hecho, los agricultores de las zonas de Lleida temen que una mayor protección para las aves se haga en detrimento de la expansión del regadío.
El Ministerio de Medio Ambiente cree que la creación de una macrozona protegida para las aves esteparias es compatible con la realización del canal Segarra-Garrigues.
Los juristas del Ministerio consideran que, aunque el impacto de una infraestructura como este canal podría ser muy significativo, se podrían invocar razones imperiosas o de índole extraordinaria para dar su luz verde ambiental a la obra siempre llevando a cabo medidas compensatorias de carácter global favorables a la protección de las aves en otro punto geográfico de esa misma área. Concretamente, algunos juristas señalan que estas situaciones de excepcionalidad quedan recogidas en la propia directiva de Hábitats.
Ahora, el asunto en la Generalitat ha pasado a depender del Departament de Presidència, en donde están adscritos los servicios jurídicos centrales, pues la clave es ver cómo se sortea este litigio. Un portavoz dijo que se trabaja estrechamente con la Administración central.