Actualidad Edimburgo, mayo 12, 2026
El pasado 18 de marzo, el Parlamento escocés aprobó la Greyhound Racing (Offences) (Scotland) Bill, ley presentada por el diputado Mark Ruskell MSP, con 70 votos a favor, 27 en contra y 19 abstenciones. La decisión sitúa a Escocia entre un número creciente de países que trabajan hacia el fin de las carreras de galgos.
El avance, de hecho, se produce muy poco después de una medida similar en Gales, donde la legislación para prohibir esta práctica fue aprobada tan solo un día antes, lo que refleja un impulso creciente en todo el Reino Unido. La prohibición es el resultado de años de trabajo y presión continuada por parte de las entidades locales de protección animal.
Las carreras de galgos son incompatibles con el bienestar animal debido a graves problemas como lesiones, cría excesiva y el trato que reciben los perros tanto durante como después de sus carreras. La nueva legislación refleja una creciente preocupación social y demuestra la voluntad de los responsables políticos de actuar basándose en la evidencia científica.
Las entidades impulsoras de la campaña han celebrado la votación como un paso decisivo que reconoce a los galgos como animales de compañía y no como mercancías. También han destacado que la prohibición envía un mensaje contundente más allá de Escocia, reforzando las demandas para que otros países eliminen progresivamente esta práctica.
Es este el caso de España, que sigue formando parte de un grupo reducido de países que aún permiten las carreras de galgos, una práctica cada vez más cuestionada social y éticamente.
Lejos de ser una actividad minoritaria, las carreras de galgos implican la utilización de animales para el ocio y las apuestas, sometiéndolos a entrenamientos intensivos, confinamiento y un elevado riesgo de lesiones. Además, el problema no acaba en la competición: muchos perros sufren las consecuencias de la cría y explotación sistemática y, cuando dejan de ser útiles, son abandonados, maltratados o sacrificados.
Escocia y Gales han demostrado que el cambio es posible y es necesario. España tiene el deber de actuar en la misma dirección.
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