La Generalitat de Catalunya financiará la alimentación, la asistencia veterinaria y el seguro de los perros de caza mientras mantiene sin ayudas la protección animal

Desde FAADA denunciamos públicamente el vergonzoso cambio de prioridades de la Generalitat de Catalunya. Con la publicación de la Orden ARP/142/2026, de 27 de julio, el Govern ha aprobado una nueva línea de subvenciones públicas para fomentar la captura de jabalíes y la venta de su carne. Esta medida destinará dinero público a financiar la alimentación, la atención veterinaria y los seguros de los perros de las sociedades de cazadores y gestores cinegéticos.

Esta inyección económica al colectivo de la caza evidencia un grave agravio comparativo. Desde la convocatoria publicada en 2023 la Generalitat no ha vuelto a destinar ni un solo euro a apoyar a las entidades de protección animal y a los ayuntamientos. Durante 2023, 2024, 2025 y lo que llevamos de 2026, la protección animal ha quedado completamente desamparada por parte de la administración autonómica.

La falta de estas ayudas ahoga a los municipios más pequeños (de menos de 10.000 habitantes), que han perdido la financiación para contratar profesionales veterinarios que garanticen la inspección y vigilancia de los núcleos zoológicos y animales de compañía. Mientras tanto, continúan siendo las protectoras y los ayuntamientos quienes asumen, la gestión de las colonias felinas, la atención veterinaria, el mantenimiento de los centros de acogida y los costes de los animales abandonados, perdidos o decomisados.

Lamentablemente, este trato de favor hacia el sector cinegético no es nuevo. Ya en 2023 la Generalitat modificó la legislación para eximir de la obligación de disponer de permiso de núcleo zoológico a aquellas instalaciones que alojasen menos de quince perros mayores de tres meses, y un número no establecido de crías. Aquella decisión blanqueó la cría no autorizada y dificultó enormemente la labor inspectora de los agentes de la autoridad, eliminando las garantías de control sanitario, la prevención de zoonosis y la obligación de contar con supervisión veterinaria en estas instalaciones.

La protección animal ha dejado de ser una prioridad para la Generalitat de Catalunya. Resulta injustificable que el Govern no ofrezca recursos para apoyar a quienes trabajan diariamente por ayudar a los animales mientras encuentra presupuesto para costear los gastos de un colectivo privado. 

Este contraste no solo resulta difícil de justificar, sino que evidencia un modelo de prioridades que da la espalda a las entidades de protección animal, las administraciones locales y, en definitiva, al bienestar de los animales.