La Generalitat de Catalunya apuesta por la caza

Desde FAADA queremos transmitir nuestra preocupación ante el reciente anuncio por parte de la Generalitat de Catalunya de elaborar una nueva ley de caza, que sustituirá a la anterior de 1970, y que reconocerá la "función social" de esta actividad. Y nuestro desconcierto ante la decisión de crear una comisión interdepartamental para controlar y prevenir los daños producidos por la fauna cinegética sin contar con la representación de ninguna entidad ecologista o de protección animal, pero sí con la Federación Catalana de Caza, por ejemplo.

Estos recientes anuncios nos dejan particularmente perplejos sobre todo considerando que desde FAADA hemos mantenido comunicaciones con el Departament de Territori i Sostenibilitat, Área de caza y Pesca continental a lo largo de los últimos meses. Comunicaciones que culminaron en una reunión en las oficinas de la Generalitat durante la cual sus responsables reconocían el fuerte rechazo social que provoca la caza y aseguraban que en 2017 trabajarían la regulación de esta actividad para responder a dicha demanda social.

En su comunicado sobre la creación de esta Comisión, el Gobierno afirma que las poblaciones de animales acceden a zonas urbanas o periurbanas y producen accidentes de tráfico, sin mencionar que los cazadores provocan parte de estas migraciones. Según el estudio que mencionan, realizado entre 2007 y 2011, estos accidentes aumentaron un 41% y fueron protagonizados en un 85% por jabalíes. En el estudio no especifican si la época de las colisiones coincidía con la temporada de caza o no.

Según ellos mismos declaran que, en el período que va de 2003 a 2015, se han autorizado casi 25.000 operaciones de captura excepcionales por daños a la agricultura, de las cuales la mitad fueron atribuidas a los jabalíes como especie responsable, y también se han hecho nuevas y más contundentes batidas, y a pesar de todo, como el propio Gobierno ha admitido “la densidad de jabalíes se ha multiplicado por siete en el conjunto de Catalunya en las últimas dos décadas.” Lo que evidencia claramente que la caza no es la solución para reducir esta población de animales.

Pero las cuestiones que rodean el mundo de la caza no se limitan sólo a estas cifras y a esta información sesgada. Y los hechos son muy preocupantes:

• Los mayores de 65 años pueden obtener licencia de caza gratuitamente.
• Se puede otorgar una licencia a niños mayores de 14 años tan sólo con la autorización de los padres.
• Se puede obtener la licencia de caza online, a través la de oficina virtual, y además por ello la Generalitat otorga una bonificación del 10%. En la solicitud de la licencia no se requiere la licencia de armas, ya que, de hecho, se necesita tener la de caza para obtener la de armas.

• Si el Departamento correspondiente de la Generalitat lo autoriza, se puede cazar en cualquier lugar de Cataluña. Concretamente, de los 32.000 km2 del territorio catalán, tan sólo hay 80.380 Ha que son zona de seguridad (como las áreas urbanas), y 10.967 Ha que son refugio de fauna salvaje. Es decir, en Cataluña tan sólo hay declarados 913 km2 donde está prohibido cazar.

• De acuerdo a estos datos, los cazadores (60.000 federados) pueden disponer del 97% del territorio para abatir presas, mientras que el resto de la ciudadanía (7.5 millones de personas) dispone de menos del 3%. Es especialmente grave en temporada alta de caza, cuando las personas que no participan de esta actividad, no pueden pasear libremente por el campo, con sus perros, con sus hijos, hacer rutas en bici o acceder a un río, porque los caminos se cortan, se cierran los cauces, o hay cazadores disparando.
• Antes de 2014, si un coche tenía un accidente en zona de caza, el conductor afectado podía reclamar dinero por daños a los cazadores. Pero a partir de esta fecha los conductores son responsables de los daños que los jabalíes puedan ocasionar al chocar con sus vehículos, a menos que puedan demostrar que el accidente era consecuencia directa de la acción de la caza.

No podemos olvidarnos tampoco de los “daños colaterales” consecuencia de esta actividad:

• Provoca sobrepoblación de especies, ya que está permitido hacer repoblaciones y sueltas, según indica la propia Generalitat. Sólo hace falta comunicarlo a través de un formulario, con 48 horas de antelación, indicando la especie que se va a liberar y dónde. ¿Y quién controla esas sueltas? ¿Los cazadores pueden de verdad garantizar que se liberarán 5 individuos en lugar de 10?
• Provoca la muerte de entre 25-30 personas (no todas son cazadores) cada año por armas de fuego.
• Fomenta el maltrato y el abandono de perros ya que las condiciones de vida de los animales de compañía usados para caza son lamentables en general y, según una encuesta realizada a las protectoras de Cataluña en 2010, el 60% de los perros recogidos por estos centros son de razas utilizadas por los cazadores.

En el comunicado de prensa, se prevé, además de la tramitación de la nueva ley de caza, la elaboración de un Decreto de comercialización de carne de caza, “para garantizar la seguridad y fomentar una actividad económica ligada a la gastronomía y el territorio”.

¿Cómo se formalizará la venta de esta carne de caza? ¿Los cazadores deberán estar dados de alta en el régimen de autónomos o se ofrecerán las piezas a empresas para que comercialicen un animal que no debería pertenecer a nadie? ¿Qué impuestos deberán pagar? Es posible que esta se convierta en otra partida más que añadir al dinero negro que mueve esta actividad.

La Generalitat pretende clasificarlo como “función social” cuando está claro que esta actividad, hasta ahora teóricamente “de ocio” pasará a ser además “lucrativa” de forma legal.

En definitiva, Cataluña no puede alardear de ser muy diferente al resto del Estado Español en cuanto a protección animal. Y creemos que en lugar de potenciar y justificar una actividad moralmente cuestionable, la Generalitat debería estar trabajando en la aplicación de métodos alternativos que respeten realmente la fauna y el ecosistema y además sean eficaces para el control de poblaciones.  

En respuesta a esta comunicación de la Generalitat.