Los Agents Rurals devuelven a su titular una perra con claros signos de maltrato y el animal muere dos días después

El pasado martes 30 de septiembre, desde FAADA recibimos el aviso de la aparición de un perro en una calle del término municipal de La Sentiu de Sió (Lleida). Las imágenes remitidas mostraban a un animal en un estado extremo de debilidad y caquexia, con múltiples heridas en orejas, morro, cuerpo y extremidades.

Las personas que localizaron al animal alertaron de inmediato al Ayuntamiento y a los Agents Rurals, quienes acudieron al lugar y comprobaron que el perro estaba identificado. Tras contactar con la persona titular, esta alegó haber entregado el animal a un tercero, sin supuestamente tener conocimiento de su estado actual.

La perra se encontraba en estado crítico y  existían claros indicios de un posible delito de maltrato animal. En tales circunstancias, la obligación de los agentes, como autoridad competente, es abrir diligencias de investigación, asegurar las pruebas y, sobre todo, poner a salvo al animal. Como agentes de la autoridad, su deber legal es además la persecución de delitos e infracciones y la protección de las víctimas, en este caso, la perra.

Nuestra sorpresa fue mayúscula al conocer que la titular se presentó en el lugar y que los Agents Rurals le devolvieron a la perra. Un animal que, en una situación como esta, debería haber quedado bajo custodia de la administración para garantizar su protección y recibir atención veterinaria independiente, más aún cuando el refugio Amics dels Animals de la Noguera se ofrecía a acogerla y asistirla. En su lugar, se decidió que la responsable la llevara a su propio veterinario.

Cabe recordar que un informe emitido por la parte potencialmente responsable de los hechos carece de credibilidad. Es necesario un informe veterinario objetivo para depurar responsabilidades tanto administrativas como penales.

¿El resultado? El animal acabó muriendo un par de días después.

Surgen numerosas preguntas sobre la actuación llevada a cabo por los Agents Rurals, con el consentimiento y beneplácito del Ayuntamiento responsable de proteger y atender al animal:

• ¿Cómo acreditó la titular que realmente había cedido el perro a un tercero? ¿Existe un documento firmado que recoja la identificación del animal? Sin este requisito, cualquier transacción es nula y se considera que la titular sigue siendo la responsable.
• ¿Comprobaron los agentes si existía una denuncia por pérdida o sustracción presentada en el plazo de 48 horas? En ausencia de tal denuncia, el animal debería haberse considerado oficialmente abandonado.
• ¿Durante cuánto tiempo permaneció el animal en la vía pública antes de ser entregado? ¿Se retrasó la intervención para evitar asumir costes veterinarios o de acogida?

Lamentablemente, no se trata de una pésima actuación policial puntual. Esto es, precisamente, con lo que tenemos que enfrentarnos continuamente las entidades de protección animal con las administraciones y los cuerpos policiales: desidia, inacción y minimización de los delitos cuando las víctimas son animales.

Desde FAADA vamos a denunciar a todos los responsables del maltrato y abandono del animal, así como las negligentes actuaciones llevadas a cabo por las administraciones que no pusieron a salvo a la perra mientras se llevaba a cabo la correspondiente investigación policial.

Por favor, ayúdanos a hacer justicia. Un caso tan horrible no puede quedar impune.

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