Desde las entidades decimos un NO rotundo a la declaración de bien de interés cultural de las monterías y las rehalas

La Plataforma contra la declaración del BIC y muchas organizaciones entre las cuales FAADA, creemos que la reciente declaración de las Monterías y las Rehalas como Bien de Interés Cultural, además de no ajustarse a la legislación en materia, lo único que realmente blinda es la barbarie y el maltrato animal.

Pero el Gobierno de Extremadura debe saber que sobre esta declaración aún no se ha dicho la última palabra, ya que los decretos están subordinados, con un rango inferior, a leyes superiores, tanto españolas como europeas. La ley extremeña 2/1999 de 29 de marzo, en su artículo 6.3 habla expresamente de las manifestaciones de espontaneidad social extremeña y, hace clara referencia a que los bienes que se han de proteger, en concreto los bienes materiales etnológicos intangibles propios de la región y que pertenezcan a sus tradiciones, desde la antigüedad, deben ser propios de la misma.

En cambio, las monterías y las rehalas vinieron importadas a Extremadura hace escasamente algo más de cien años, por lo tanto no se trata de una práctica exclusiva del pueblo extremeño, ni históricamente, ni en la actualidad, sino que por el contrario se realizan en toda la península Ibérica y en el resto de Europa. Todas las referencias históricas que se describen en el decreto de declaración de BIC son ajenas a la región, donde fundamentalmente el tipo de caza que se practicaba antiguamente era la caza menor y no las monterías.

Con esta declaración de Bien de Interés Cultural se pretende blindar y subvencionar una actividad económica históricamente de las clases más privilegiadas y que aún lo sigue siendo para las de los cotos privados de caza. Indigna que se pretenda dar un carácter social a la medida por la existencia de los que consideran mal llamados cotos sociales, que se basan mayoritariamente en cazar sin ninguna contraprestación económica, en fincas públicas o en los terrenos de otras personas principalmente no cazadoras, muy a menudo sin ni siquiera tener su consentimiento e impidiendo el acceso a estas parcelas el día de las monterías.

Por lo tanto, la justificación de que se protege esta actividad como altamente participativa por el pueblo extremeño es falsa, siendo el número de cazadores extremeños bastante menor que las licencias de caza (70.000 de 1.065.000 extremeños). No hay tantos cazadores como se pretende hacer creer por parte de este colectivo, y muchas licencias no son de extremeños residentes, sino de cazadores de toda España y del extranjero.

También resulta difícil entender cómo los políticos de Extremadura y entidades cuales la Universidad de Extremadura y la Real academia de las Artes y las Letras, sean tan insensibles al sufrimiento animal que conllevan las monterías y las rehalas, donde habitualmente cientos de perros, que la mayor parte del año viven encerrados en pequeñas jaulas (en muchos casos en condiciones deplorables) persiguen a todo tipo de animales, matando a algunos y empujando a otros hacia los cazadores, habitualmente sin capacidad de escapatoria. La evolución de la sociedad y la cultura es lo que permite avanzar a los pueblos, y que se sigan manteniendo prácticas que se consideran salvajes y crueles es un anacronismo que choca directamente con la mayoritaria concienciación social.