Nos personamos como acusación popular en el caso del mastín que acabó sacrificado por las graves lesiones que padecía

En julio de 2023 recibimos el aviso de una testigo que había encontrado un mastín en un pueblo de Madrid en condiciones lamentables. El animal presentaba graves signos de desnutrición, una herida en la cabeza infectada con larvas con un fuerte olor, otra herida infectada en la zona umbilical y una parasitación masiva de garrapatas.

A pesar de que no tenía chip ni estaba registrado de acuerdo con lo que exige la ley, la testigo pudo identificar al propietario, poniéndolo en conocimiento de la patrulla del Seprona que la asistió en el momento del rescate. Los agentes requirieron al propietario para que trasladase de manera urgente al animal al veterinario, pero, desgraciadamente, debido a la gravedad de las lesiones que presentaba, así como a su estado general, los facultativos que lo atendieron finalmente tuvieron que eutanasiarle.

A raíz de lo ocurrido, el Seprona comunicó al responsable del animal que se procedería a realizar una inspección en una finca de su propiedad donde albergaba otros perros. Cuando la Guardia Civil se personó allí, pudo identificar un total de 4 perros, uno de los cuales tenía una herida abierta en la pata trasera derecha similar a la del mastín eutanasiado. Y su propietario no pudo facilitar ningún informe veterinario que acreditase el tratamiento que el animal estaba recibiendo.

Además, al requerirle la documentación de cada uno de los animales, lo agentes pudieron constatar que todas las cartillas veterinarias habían sido expedidas con posterioridad a la notificación de inspección, así como también había sido posterior la identificación y la vacunación de cada animal, lo cual evidenciaba que los perros se encontraban sin la documentación, identificación y tratamientos veterinarios legalmente exigidos hasta aquel momento.

Pese a que el investigado manifestó que no tenía más perros, el Seprona pudo averiguar que sí era propietario de un quinto animal que se encontraba en otra finca, atado con una cadena a un remolque. El perro, diagnosticado con lehismaniosis, no estaba recibiendo ningún tipo de tratamiento tal y como era posible comprobar en su cartilla sanitaria. Asimismo, el animal disponía de una vacuna antirrábica de fecha posterior a la notificación de inspección, siendo la última vacuna anterior a esta del año 2019, lo que evidenciaba que durante tres años no había recibido el tratamiento veterinario obligatorio por la ley.

Desde FAADA no consentiremos que actos como este continúen repitiéndose: por eso, nos hemos personado como acusación popular en el caso, con la firme intención de conseguir la máxima pena para el propietario de los perros. También solicitaremos que se le inhabilite para el ejercicio de cualquier profesión relacionada con animales, así como para su tenencia, con el objetivo de que no pueda volver a poner en riesgo la vida de ningún animal.

Pero necesitamos TU AYUDA. Los gastos judiciales, de desplazamiento, procurador y abogado comportan a un total de más de 1.200€.

Una cantidad muy alta, sobre todo teniendo en cuenta la delicada situación económica en la que nos encontramos y los muchos casos que estamos gestionando.

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